Una de las medidas más resonantes que tomó el Gobierno nacional fue la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para reemplazarla por la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En concreto, la ARCA dejó sin efecto las resoluciones 701/99 y 799/2000, que determinaban que los organismos representantes de cada sector debían tener un “veedor” en la Aduana. A su vez, suprimió los valores de referencia para la exportación.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que estas disposiciones, que había implementado la ex AFIP, representaban un “sobrecosto” para los importadores y los exportadores.

Estas modificaciones van en línea con la eliminación de las “estampillas verdes” en los productos importados y los “valores criterio”, un instrumento que la Aduana implementaba para evitar posibles “maniobras abusivas” en el comercio exterior, como la subfacturación o sobrefacturación en las importaciones.

Pero más allá del cambio de nombre y estructura, el nuevo organismo comenzó a avanzar con medidas concretas para reducir los costos operativos para los exportadores e importadores.

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